Por ejemplo, teléfonos y ordenadores, más allá de los dos años de uso, empiezan ralentizarse, la batería dura menos, algunas piezas se atrofian…
Recientemente un grupo de investigadores argentinos han desarrollado un sistema para conseguir alargar la vida útil de smartphones y laptops y que se utilice mejor la energía de los circuitos eléctricos de estos dispositivos, de manera que sean capaces de gestionar mejor el calor, uno de los factores principales de este desgaste tan rápido.
Otra noticia relacionada con este tema, relacionada con el ámbito político, ha aparecido en los medios en los últimos días. El Congreso de los Diputados de España ha apoyado una iniciativa para acabar con la obsolescencia programada y fomentar el reciclaje.
En concreto, ha sido la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso la que ha aprobado por unanimidad de sus componentes una proposición no de ley para que el Gobierno de España prohíba la obsolescencia programada.
El texto de la iniciativa ha sido presentado en la cámara baja por Compromís y acordado en una enmienda transaccional por este grupo junto a PP, PSOE y Unidos Podemos.
La iniciativa se posiciona a favor de alargar las garantías de los productos y a aplicar los principios esenciales de la economía circular sobre reducción, reutilización, reciclado y valorización de residuos. Todos estos aspectos se incentivarían, en caso de que la proposición se apruebe finalmente, por medio de ayudas económicas a las empresas.
En el transcurso del debate de esta iniciativa, el diputado de Compromís Enric Bataller ha señalado que el valor de los productos debería mantenerse durante el mayor tiempo posible, puesto que, instaurada la obsolescencia programada en nuestro sistema productivo para beneficio de la supervivencia empresarial, cada vez los productos son menos duraderos y es más difícil repararlos y reutilizarlos. Según los datos ofrecidos por este diputado, en España la huella ecológica, indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana sobre los recursos del planeta, es 2,9 veces mayor que la biocapacidad.
El texto también se ocupa de la compra pública, pidiendo incentivar el uso de estándares abiertos y un hardware bien documentado o libre para facilitar la reparación de los dispositivos.
La propuesta insta al gobierno a poner en marcha, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, un sistema de información con datos fiables, contrastables, de dominio público y actualizables, en todo lo relacionado tanto con gestión de residuos como de reutilización.
Además, exige al gobierno adecuar la legislación española vigente a la normativa europea actual en esta materia, y también definir estrategias en cuanto a formación y educación dirigidas a acelerar la transición hacia la economía circular en nuestro país.
