El precio de las bolsas de plástico oscilará entre un mínimo de 5 y 30 céntimos, en función de sus características.
La nueva normativa establece que los comercios no podrán entregar gratuitamente las bolsas con un espesor inferior a 50 micras, debido a que su consumo produce altos niveles de residuos dispersos y supone un uso ineficaz de los recursos.
Habrá posibles excepciones, según el uso específico, su compostabilidad o durabilidad. Por ejemplo, las compostables tendrán por ley un precio menor que las de plástico convencional. Y quedarán exentas todas aquellas menores a 15 micras utilizadas como envase primario para comidas a granel.
Así como en cuanto al reciclaje de envases, en España se recicla actualmente el 74,8% de los envases de plásticos, latas y briks y los envases de papel y cartón, gracias a la colaboración ciudadana, en el caso de las bolsas de plástico no es posible realizar tal reciclaje.
Y es que cada una de ellas tarda alrededor de 400 años en descomponerse totalmente y sólo se reciclan un 10%. Hoy en día se utilizan hasta 238 bolsas de plástico por persona y año (En España el uso es de 144 bolsas anuales por ciudadano). La aspiración europea es conseguir reducir el consumo anual a un máximo de 90 bolsas por persona y año al término de 2019 y a no más de 40 cuando finalice 2025.
Según determinadas organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, la medida es insuficiente y limitada, ya que consideran que no terminará de disuadir a los consumidores el hecho de tener que comprarlas por unos pocos céntimos. Critican que en la directiva europea se planteaban otras opciones que podrían ser mucho más eficaces, como la restricción de la comercialización. En cualquier caso consideran que podría ser más conveniente que su cobro por parte de los comercios la introducción de una tasa medioambiental que pudiera destinarse, precisamente, a proyectos de mejora ambiental.
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también critica que no es la medida más adecuada, puesto que introduce distorsiones desproporcionadas. Según la citada Comisión esta medida beneficia de forma injustificada al sector de la distribución. Su análisis coincide bastante con el del grupo ecologista en el sentido de que incrementar el coste la bolsa sólo supondrá una efectividad a corto plazo.
Este organismo también apuesta por la creación de una figura impositiva que podría combatir el daño medioambiental y que permitiría a los contribuyentes beneficiarse del dinero recaudado mediante ese impuesto. Así lo hicieron hace años países de la Unión Europea como Reino Unido, Holanda e Irlanda. En el caso irlandés el impuesto funciona desde 2002 con el nombre “Irish Plastic Bag Levy”. Contribuyó a rebajar desde una cifra en torno a 300 bolsas por habitante y año hasta las 40 que exige la directiva europea en 2025.
