Este nuevo ministerio se encarga del desarrollo de políticas medioambientales, energéticas y de desarrollo sostenible, así como marcar la dirección hacia un modelo productivo y social más ecológico.
Recientemente concluyó la consulta pública previa acerca de este proyecto que eliminará residuos de depósitos en vertederos.
Las nuevas medidas se incluyen dentro del Plan de Acción de 2015 para la Economía Circular en Europa y de la reforma de mayo de 2018 de la norma comunitaria europea que incluye líneas estratégicas como la restricción máxima o la prohibición del depósito de residuos en vertederos procedentes de sistemas de recogida separada como plásticos, papel , metales, vidrio, biorresiduos…
La nueva norma que trata de impulsa el gobierno reemplazará al real decreto de diciembre de 2001. Dicho decreto transpuso en su momento al ordenamiento jurídico español la directiva de la Comisión Europea sobre vertido de residuos. Fue un decreto que significó un antes y un después en la política de residuos en España, ya que fue la primera vez que se regularon las operaciones de depósito de desecho en vertederos para toda España.
La Unión Europea persigue también fijar un objetivo para el vertido de residuos municipales que debería alcanzarse antes del año 2035, que estaría llamado a mitigar los efectos medioambientales nocivos del depósito de la fracción orgánica, asegurándose de que solo acaben en los vertederos aquellos que hayan tenido un correcto tratamiento.
De hecho, en el pasado mes de mayo el Consejo de la Unión Europea aprobó nuevos objetivos de reciclaje legalmente vinculantes para los estados miembros, hasta 2035 en el caso de los residuos municipales y hasta el año 2030 en el caso de materiales como envases, plásticos, metales ferrosos, aluminio, vidrio, papel, madera…
La nueva normativa establece, como objetivo obligatorio para todos los socios comunitarios, que a partir del año 2030 los vertederos no se podrán hacer cargo de los desperdicios municipales que pudieran ser reciclados.
Desde la entrada en vigor de la legislación sobre instalaciones de vertido de residuos en nuestro país, han transcurrido ya quince años. Por ello, el documento de consulta pública previa cerrado recientemente llama la atención sobre lo oportuno y lo necesario que resulta la aprobación de la nueva normativa.
Se plantean para ello dos alternativas a estudiar con la finalidad de adaptar la normativa española a la legislación comunitaria vigente: por una parte, un real decreto de modificación que incluya los cambios necesarios de acuerdo con la directiva europea o, por otro lado, la redacción de un nuevo real decreto que sustituya al que actualmente se encuentra en vigor.
Según el gobierno esta segunda opción permitiría, además, ajustar la norma de acuerdo con la Ley de residuos y suelos contaminados aprobada en julio de 2011.
