Alicia García-Franco, directora general de la FER, señala en la carta remitida a las administraciones que la citada federación lamenta que, pese a todos los llamamientos realizados en los últimos tiempos, y pese al convenio de colaboración suscrito para la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas, por parte del Ministerio de Hacienda y de las patronales CEOE y CEPYME, en el ámbito de la gestión de residuos esta presión es cada vez mayor.
De hecho, en las últimas normas y adaptaciones legislativas, según denuncia la carta, estas cargas administrativas que se pide disminuir se han incrementado exponencialmente.
Se alude en el escrito al Real Decreto 110/2015 de RAEE, así como a la reciente aplicación del Real Decreto de traslados internos de residuos realizados dentro de las comunidades autónomas.
La patronal del reciclaje adjunta a la carta remitida un estudio propio que analiza los gastos derivados del cumplimiento de las cargas burocráticas y administrativos, relacionados con los datos obtenidos en el registro de obligaciones burocráticas por razón de normativa ambiental y en cumplimentar el archivo cronológico.
Según la misiva todas estas cargas burocráticas se traducen en muchas horas de trabajo, que tienen ocupados diversos recursos y que, en consecuencia, suponen un elevado coste para las empresas del sector del reciclaje.
Según estimaciones de la FER, los gastos que se derivan de todos estos trámites suponen, independientemente de la facturación de cada empresa, en su mayoría pymes, alrededor de 20.000 euros anuales.
Así pues, la industria del reciclaje española demanda soluciones urgentes para esta problemática. Para ello apela a los “Principios de regulación” de la vigente Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su artículo 129, que habla del principio de proporcionalidad y del principio de eficiencia, que requiere para su aplicación que la normativa evite cargas administrativas.
Para evitar duplicidades y cargas administrativas innecesarias, la carta señala también la Ley 22/2011 que, en su disposición adicional sexta, “Control de actividades de gestión de residuos relevantes para la seguridad ciudadana”, contempla que realizar un registro único sería el método idóneo para cubrir las necesidades de información sin imponer cargas extra a las empresas.
Asimismo, la FER se ha ofrecido al Gobierno de España y a sus comunidades autónomas, para estudiar la vías más adecuada que permita agilizar los trámites para acabar con las actuales cargas burocráticas y administrativas.
La directora general de la FER también denuncia en la citada carta que, mientras los gestores autorizados que cumplen con la legalidad se ven sometidos cada vez a más costes y trabas administrativas, existe muchas empresas al margen de la legalidad que no cumplen con ninguna de esas exigencias ni sufren sus costes derivados, ejerciendo una clara competencia desleal.
