Por lo tanto, según las conclusiones del estudio, en España no se gestiona de forma adecuada el 75% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que generamos en nuestro país. Esta situación conlleva un perjuicio claro al Medio Ambiente y a nuestra propia salud, aparte de un fraude a los consumidores que han adquirido uno de esos productos.
¿En qué consiste este fraude? Quizá muchos ciudadanos no sepan que cada vez que compran un electrodoméstico que lleva un interruptor, pagan un dinero en forma de tasa por el proceso de reciclado al que debe someterse el producto una vez se termina su vida útil y se convierte en chatarra.
Dicha tasa viene a suponer entre 5 y 30 euros de media para cada consumidor de los cuales, según las cifras de la Comisión Europea, sólo se destina es 20% para el tratamiento de reciclaje del producto.
Siguiendo con el mismo informe, la compra de productos electrónicos se ha multiplicado por 3 en los últimos meses. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con el reciclaje de estos aparatos que, en lugar de incrementarse, se ha reducido a la mitad. Un dato que demuestra que los fabricantes no están destinando suficientes recursos al correcto reciclaje de la basura electrónica.
En el caso concreto de España y siempre según los datos de Eurostat, se producen en torno al millón de toneladas de residuos electrónicos al año. De esta cantidad, aproximadamente 750.000 son aptas para el reciclaje. Sin embargo, en contra de la ley que determina que los fabricantes son los responsables del tratamiento de dichos residuos, se calcula que más de 500.000 toneladas no culminan con un proceso de reciclado adecuado.
La mayor parte de esa basura electrónica se abandona en vertederos ilegales en los que no se le aplica un tratamiento de reciclaje; otra parte es exportada a otros países o se trata de manera irregular para sacar rendimiento a los materiales preciosos que contiene.
Sin embargo, esta no es ni de lejos la línea a seguir que marca la legislación europea. De hecho, el gobierno español ya introdujo cambios en la ley sobre tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). El objetivo es alargar la vida de estos dispositivos y fomentar su reutilización y reacondicionamiento. El reciclaje requiere de técnicas costosas y el reaprovechamiento del propio aparato es la línea a seguir, pero en ningún caso el abandono en vertederos que es ilegal.
Así pues, a partir del año que viene los fabricantes de productos tecnológicos estarán obligados a reutilizar el 3% de los productos inalámbricos y pequeños electrodomésticos y el 2% de grandes aparatos eléctricos.
