La advertencia se entiende como un ultimátum para que nuestro país establezca por fin planes de gestión de residuos que se extiendan a todo su territorio, de acuerdo con los objetivos de las normas de la Unión Europea referentes a los residuos y los principios de la economía circular.
Antes de seguir conviene aclarar qué es un plan de gestión de residuos. Se trata de un instrumento que tiene que tener los países para reducir los efectos negativos de la generación de desechos para nuestra salud y el medio ambiente, y también hacer un uso más eficiente de los recursos.
La Comisión Europea ha recordado que ya en el año 2015 se procedió a la revisión del plan nacional español de gestión de residuos para adaptarlo a la nueva directiva. Sin embargo, en virtud de la legislación española, sus comunidades autónomas tienen transferidas las competencia en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, son éstas las responsables de sus propios planes de gestión.
Hasta la fecha quedan varias comunidades autónomas que no cuentan con un plan de residuos válido. Es el caso de Baleares, Canarias, Madrid y la Ciudad Autónoma de Ceuta, que a día de hoy no tienen dichos planes disponibles. La comisión hizo llegar un escrito a España en noviembre de 2016 en el que solicitaba a España que aportara los documentos necesarios.
Por su parte, Aragón y Cataluña, que cuentan con sus respectivos planes de gestión de residuos estos planes desde hace más de seis años, tienen pendientes la revisión de los mismos. La normativa europea establece que, superados los seis años, se proceda a la reevaluación de los documentos.
En consecuencia, la Comisión Europea ha realizado la advertencia a España, a través de un dictamen motivado, y si nuestro país no toma caratas en el asunto antes de dos meses, el asunto podrá quedar en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por otra parte, la Comisión Europea ha llamado la atención a España para que integre en su legislación nacional la legislación comunitaria vigente sobre bolsas de plástico.
Dicha legislación permite elegir entre diversas medidas para combatir el desperdicio de plásticos y la contaminación de este material, reduciendo el consumo de bolsas ligeras. Por ejemplo, una medida es poner precio a las bolsas de plástico ligeras; otra consistiría en establecer unos objetivos nacionales de reducción, por la que los estados miembros deben garantizar que no se consuman más de 90 bolsas por habitante y año en 2019, y que la cifra no pase de 40 para 2025.
Ambas medidas pueden conseguirse si se imponen medidas obligatorias, pero también a través de acuerdos con diversos sectores. Sea como sea, España debe regular su situación en este sentido o se expone a que la Unión Europea remita su caso a su Tribunal de Justicia.
