Con esta reclamación estos países quieren apostar por el fomento de la economía circular. Por este motivo han encargado al citado organismo que incentive este proceso de transición con nuevos pasos que les acerquen cumplir sus objetivos en esta materia. Uno de los aspectos clave es la evaluación de los productos con potencial, como los textiles y los del sector electrónica, para que su vida en el sistema productivo sea más larga.
Según las conclusiones adoptadas por este Consejo, la información relativa a las características medioambientales que afectan a la salud de los productos y servicios es un instrumento en la transición hacia la economía circular.
Los estados miembros han solicitado a la Comisión Europea que aporte más información acerca de las sustancias más polémicas que causan mayor preocupación y también de las propiedades y de la disponibilidad de otros materiales alternativos.
Asimismo, han solicitado apoyo al sector empresarial para innovar con materiales cíclicos que no sean tóxicos.
Del mismo modo, solicitaron al ejecutivo la elaboración de un informe con carácter anual sobre los progresos que se van produciendo en esta materia y también la preparación de una propuesta legislativa sobre la reutilización del agua. También han reclamado un plan de acción en torno a la estrategia de la Unión Europea en relación a los plásticos.
Por otro lado el Consejo llegó a un acuerdo de carácter provisional establecido con los representantes del Parlamento Europeo para conseguir la reducción de la cantidad de residuos que se producen, mejorar su gestión y estimular el adecuado reciclaje.
Dicho acuerdo implica a seis directivas europeas y establece nuevos objetivos para fomentar la transición hacia el modelo de economía circular. Según el Consejo servirá para crear nuevos puestos de trabajo, contribuirá a la protección del medio ambiente y mejorará la salud y el bienestar de los ciudadanos de los países de la Unión Europea. También contempla unos nuevos objetivos concretos relacionados con la reducción de residuos, sobre todo en cuanto a su gestión municipal, fijados para los años 2020, 2030 y 2035.
El pacto aboga también por el establecimiento de métodos más estrictos para la contabilización de los progresos que se van consiguiendo, aunque no se han conocido más detalles al respecto
El acuerdo incluye también una contribución financiera para los productores responsables de la recolección de productos usados, su recogida selectiva y su tratamiento para e reciclado.
Se estima que este acuerdo puede ser aprobado definitivamente a lo largo del primer trimestre de 2018. Antes, los embajadores de los países miembros tendrán que respaldar el pacto, un paso previo necesario.
